El desafío de implementar garantías universales en salud para Chile

Dra. Alicia Núñez, investigadora principal de Imhay y académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, analiza el Sistema Nacional de Salud que propone el proyecto de nueva Constitución. “Es importante que se dé relevancia a la salud mental”, destaca.

Alicia Núñez, Doctora en Salud Pública, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile e Investigadora Principal de Imhay.

Once puntos contiene el artículo 44 de la nueva Constitución propuesta para Chile. Once párrafos que sintetizan un nuevo modelo de salud para todos los habitantes, donde se habla del derecho de las comunidades indígenas a mantener sus prácticas ancestrales; se deja al Estado la responsabilidad como pagador único; se determina que las eventuales cotizaciones de las empresas y personas tendrán un fin solidario; y se establecen políticas y programas de salud mental con enfoque comunitario y financiamiento progresivo, entre otras novedades.

El foco de este artículo constitucional es garantizar la salud y el bienestar físico y mental como un derecho fundamental de toda persona. Y si bien en la discusión pública se ha dicho que en vez de asegurar calidad y acceso hay énfasis en el mecanismo de financiamiento y el fin de las isapres como las conocemos, el texto propuesto contiene exigencias importantes, que si bien no están explicitadas, cubrirían aquellos aspectos criticados.

“Al decir que ‘el Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de los determinantes sociales y ambientales’, de alguna forma está considerando un nivel más alto, servicios de salud coordinados e implica, de alguna forma, que no puedes tener un sistema de mala calidad en salud”, explica la académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alicia Núñez. Ella es especialista en Control de Gestión, Doctora en Salud Pública e Investigadora Principal de Imhay. “El texto dice que se regirá por principios de ‘eficacia y calidad’, entre otras. Todos estos factores hablan de gestión, y no está separado de la forma cómo se va a garantizar el funcionamiento de un sistema de salud universal”.

El rol del Estado

En su análisis, la Dra. Núñez menciona el caso de Taiwán, que en 1995 cambió su sistema de salud por uno universal, luego de un intenso proceso de revisión de experiencias mundiales, entre ellas la de Canadá, que también se rige por un sistema universal.

“En general, listas de espera son siempre un problema, en cualquier tipo de sistema, no existe el sistema de salud perfecto. Sin embargo, existen experiencias de sistemas de salud universal como el caso de Taiwan que han sido señalados como los mejores sistemas de salud del mundo, donde han realizado un gran trabajo utilizando tecnologías y mejorando de esta manera la conexión de la red sanitaria. Chile tiene una característica que es interesante: de la población total, 15 millones ya están en Fonasa y los que están en el sector privado son unos 3 millones 400 mil. Si uno lo viera solamente desde los números, llegar a la universalidad no significa desplazar a tantas personas. Claro que, cuando uno mira detrás de los números, se trata de 3 millones de personas del sector más pudiente del país”, dice la investigadora de Imhay.

El punto es que las isapres dejarían de percibir los ingresos de esos 3,4 millones de cotizantes, porque en el esquema propuesto cualquier aporte que se cobre a las empresas o a los trabajadores iría a un fondo solidario para ayudar a financiar el Sistema Nacional de Salud. Las isapres dejarían de existir como administradoras de ese dinero y podrían reconvertirse, por ejemplo, en seguros complementarios de salud.

“Al haber una sola entidad pagadora, hay que entender que se eliminan algunos costos. Actualmente, por ejemplo, cada isapre tiene su propia administración y todos esos costos -con la nueva Constitución- se reducen y se evita esa duplicación. Por eso se ha demostrado que en este tipo de sistemas el Estado puede funcionar con un mayor control para reducir algunos costos, porque al final él va a establecer y controlar cómo va a pagar a los diferentes prestadores”, indica la académica.

Según el texto de la nueva Constitución, los prestadores de servicios -equipos médicos, clínicas, laboratorios privados- podrán formar parte del sistema bajo los requisitos que especifique la ley. Es decir, seguirán funcionando como hasta ahora, pero recibirán sus pagos del Estado, no de una isapre.

“Creo que la principal interrogante que ellos ven es que siempre se ha cuestionado qué tan buen administrador podría ser el Estado, si va a pagar cuando corresponde, si acaso los fondos van a llegar a tiempo, etc. Pero son cosas que se pueden regular y van a depender de la manera en cómo se realice la implementación del sistema, no puede ser de un día para otro, requiere de una buena planificación”, plantea la dra. Núñez.

Justamente eso es lo que resulta más desafiante: cómo se llevarán a cabo las transformaciones, los procesos y las definiciones legales. Además, que el sector privado se adapte al nuevo escenario y que los servicios públicos se robustezcan para poder atender la demanda.

“Tendrían que equipararse mejor los sistemas, pero ahí viene el desafío: de qué manera vamos a ser capaces de implementar todo esto, y que no sea tan perceptible y doloroso para el usuario. Si bien del sector público al privado se puede ver más fácilmente la implementación, la idea es que del sector privado al público tampoco haya un rechazo tan fuerte. Ahora han aparecido los miedos, porque la gente piensa que con la nueva Constitución todos vamos a tener que ir a los consultorios, pero aún no está definido cómo va a funcionar, porque no tenemos regulado el sistema. Podría ser la forma natural en que funcionen las redes, pero hoy vemos que la red no opera así porque la gente se salta y va directamente a ver a un especialista, o peor aún, va a una urgencia, que está para atender los casos más graves. Entonces todo el sistema de derivaciones va a tener que funcionar muy bien”.

Equidad, acceso y salud mental

Según la propuesta constitucional, el nuevo Sistema Nacional de Salud se regirá por principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, eficacia, calidad y enfoque de género, entre otros principios. Además, promoverá la participación comunitaria en las políticas sanitarias, y -de manera inédita- el nuevo texto especifica que se deben generar políticas y programas de salud mental para atención y prevención, con financiamiento progresivo.

“Hoy en día, el acceso a la salud mental no es igual para todos, es difícil obtener atención. Al pensar en términos de equidad, se esperaría que toda la población pudiera tener acceso, pero no es raro escuchar actualmente a las personas que tienen un cupo al año para usarlo en salud mental”, explica la académica. “El hecho de mencionarlo explícitamente en la Constitución, de alguna forma releva el tema con la importancia que tiene. No sé si contamos con la capacidad para tener especialistas en todos los servicios de salud, que sería lo ideal, pero sí nos va a obligar incluso a las universidades a formar más en esa línea, a contar con más personal preparado que pueda satisfacer este tipo de requerimientos”.